El poder menguado

Alejandro Ramírez Gallegos

 

Se dice tradicionalmente que la prensa es el cuarto poder. Ello se debe, según Lorenzo Gomis, a que ésta influye en la sociedad  y al hablar de poder refleja un poco el difuso temor que los medios inspiran. Un tanto cuanto más ambicioso se muestra Froylán M. López en el prólogo del “Manual de periodismo”, de Vicente Leñero y Carlos Marín, al señalar que el periodismo es ejercicio y lucha social. La objetividad, agrega, “es definición, explicación o implicitación de los credos o descreencias del presente y del destino de las sociedades”. Asume al periodismo como estimulante, no sedante, del cambio social y hasta asegura que es clave de su posición política.

En “El estilo del periodista”, Álex Grijelmo cita a Julio Alonso, escritor del prólogo del “Manual de estilo del diario El País”, de España y quien expone que para el caso de aquel país, en la actualidad se puede abusar del derecho a la información y del derecho a la libertad de expresión sin infringir la ley. Esta premisa es válida también para el México actual. Lamentablemente también compartimos la siguiente observación: “De vez en cuando la prensa ofrece ejemplos que demuestran cómo el periodista puede ser puesto al servicio de intereses ajenos a los lectores; cómo se desarrollan a la luz pública campañas de opinión que responden a oscuras pugnas financieras o mercantiles; cómo a veces la caza y captura de ciudadanos se disfraza de periodismo de investigación”. Advierte, además, que  convertir a los medios de comunicación en armas de tráfico de influencias al servicio de intereses que se declaran es una práctica de abuso que crece a la sombra de la libertad.

Sin embargo, considera M. López, junto a la subordinación de los intereses mercantiles de la prensa,  existe una entidad, una realidad social y profesional, intencional y moral, llamada propósito periodístico y cuyo objetivo deben tener muy en cuenta los profesionales de esta actividad. La razón del periodismo y del periodista debe ser autónoma y debe ser la que determine las reglas de su trabajo informativo.

Al asumirse como Cuarto Poder, la prensa se concibió a sí misma como una institución y debido a ello no ha escapado de la degradación institucional que desde hace años sufren éstas ante los ojos de la ciudadanía.

Para Gomis, el poder de la prensa depende de su grado de influencia y esta, a la vez, depende directamente de la veracidad de la que goce algún medio en cuestión. Para definir el término influencia, Gomis cita a Talcot Parson, quien en 1967 estableció que la influencia es una manera de provocar un efecto en las actitudes y opiniones de otros a través de sus intenciones de actuar.

Señala que la prensa y en general los medios de comunicación tratan de influir en las ideas y creencias de sus receptores y ello sólo se puede medir a través de opiniones que ésos hagan en retroalimentación a la información que les proporcionan los medios.

Asegura que el periodismo no logra influir en sus receptores más allá de la medida en que éstos deseen ser influidos por dicho medio. Es decir, por citar un ejemplo, un lector de noticias no cambia su modo de ver la realidad sólo por el hecho de consumir un determinado producto informativo, sino al revés, busca un medio informativo que se ajuste a su manera de ver la situación para reforzar sus propias posturas.

De esta manera es como llegamos a la conclusión de que el llamado poder de los medios depende en gran medida de que se ajuste a las creencias de la mayoría de sus consumidores y comparta sus intereses y valores.

El fracaso de la readaptación social

Alejandro Ramírez Gallegos

 

El estado de San Luis Potosí, al igual que el resto del país, ha registrado en los últimos años un sensible crecimiento en la incidencia delictiva. La capital del estado pasó de ser considerada una de las cuatro ciudades más tranquilas de México en 2000, como uno de los 20 municipios  más peligrosos a finales de 2008, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública federal dadas a conocer por el diario Reforma del domingo 8 de febrero de 2009.

Entre las principales causas del crecimiento de la incidencia delictiva se encuentran las pocas o nulas oportunidades de recreación de que disponen los jóvenes de algunas zonas de la capital del estado, la falta de fuentes de ingresos económicos, el crecimiento en el consumo de drogas, pero sobre todo el nivel de impunidad reinante. Una persona que delinque sabe que goza de una alta probabilidad de que su comportamiento antisocial quede impune.

En su artículo “Impunidad en México”, Cecilia Sayeg Seade, directora de Operación del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI),  señala que si se pretende abordar el problema de la inseguridad prevaleciente de manera integral, es necesario analizar el índice de impunidad, por ser uno de los problemas que más agravia a la sociedad.

Advierte que, en general, en todo el país, las estadísticas muestran que de los delitos denunciados, en el mejor de los casos, se castiga dos o tres por ciento. “A pesar de la falta de información, podemos observar que los niveles de impunidad que denotan las cifras son sencillamente inconcebibles: las consignaciones de averiguaciones previas se ubican alrededor de 10% sobre el total de los delitos denunciados; sobre esa misma cifra las órdenes de aprehensión son cerca de 5%, y finalmente las órdenes de aprehensión ejecutadas se ubican en aproximadamente 2%.”

Señala la investigadora que la primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-1), llevada a cabo por el ICESI en 2001, reveló que 76% de delitos no fueron denunciados, entre otras razones porque las víctimas desconfían de las autoridades encargadas de perseguirlos, consideran que los trámites son largos y difíciles o creen que denunciar es perder el tiempo. “En este sentido, si únicamente se consigna aproximadamente a 2% de los delincuentes del total de delitos denunciados, podemos estimar a partir del total de delitos cometidos –denunciados y no denunciados- que arrojó la ENSI-1, que durante 2001 apenas se consignó al 0.6%, partiendo de la base de que se cometieron más de un millón y medio de delitos.”

Menciona el estudio que otro dato simple, pero a la vez interesante, para medir la impunidad en nuestro país es el análisis del número de internos en los centros de readaptación social. Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos hay más de 1 millón 200 mil internos, en México el número de reclusos para 2001 era apenas superior a los 166 mil.

Aun en el remoto caso de que un delincuente llegue a pisar la cárcel, la probabilidad de que se “rehabilite”, es decir que la autoridad logre de manera exitosa su readaptación a la sociedad, es casi nula.

Es de sobra conocido que las prisiones lejos de servir como centros de readaptación, operan como escuelas del crimen. En el ensayo “El problema de la readaptación social:  La falta de estudios clínicos de la conducta criminal”, de Wael Hikal, publicado también por el ICESI, se señala que no es ningún descubrimiento ni algo que apenas salga a la luz, la falta de rehabilitación.

Al referirse a la situación actual de los penales del país, Hikal señala que, en lo poco que le ha tocado observar, en penales femeniles existe corrupción por parte de los celadores, lesbianismo, manipulación del personal por parte de las internas, lujos, comodidades (televisiones, abanicos, venta de comida, venta de ropa, pinturas, edredones) y  prostitución. La situación no es muy diferente en el caso de las prisiones para varones, ya que en ellos existe homosexualismo entre celadores y reos, venta de drogas, corrupción, golpes, lesiones, amenazas, homicidios, fugas, sobornos, falta de espacio, celdas saturadas y pésima higiene, entre otros muchos elementos que contribuyen a la prevalencia de un ambiente poco propicio para efectuar el adecuado proceso de readaptación que, por lo menos en el discurso, aún se persigue.

Señala el criminalista que la situación es aún más grave en los penales de máxima seguridad, pues es difícil “curar” a sicarios, homicidas, traficantes y a toda esa variedad de delincuentes peligrosos con demasiada adaptabilidad y capacidad criminal.  “Es complicado el tratar de rehabilitar a un sicario que ha matado a más de 10 personas  o a un secuestrador, son personas con grave trastorno antisocial de la personalidad.”

En este sentido, cabría preguntarse si vale la pena tratar de rehabilitar a los delincuentes o si la prisión debe ser considerada o concebida como una simple medida punitiva. Es decir, como el simple y llano castigo que exige una gran parte de la población afectada por algún acto delictivo cuando reclama justicia.

En El futuro de las prisiones, libro de Norval Morris, el autor hace un recuento histórico de la reclusión punitiva. Señala que ésta formó parte de la explotación de mano de obra en la antigua Roma, en Egipto, China, India, Asiria y Babilonia y estaba firmemente establecida en Europa hacia el Renacimiento.  Como sanción penal, agrega el autor, la prisión también se aplicó ampliamente, pero sólo a la gran masa de delincuentes menores como vagos, ebrios, enfermos mentales, individuos molestos y mendigos pertinaces.

A los verdaderos criminales se les aplicaba el exilio, la proscripción, la deportación y  una variedad de castigos corporales degradantes y dolorosos como el azote, el corte de  la oreja o la nariz, la marcación con hierro caliente y, en casos extremos, la pena de muerte. Paradójicamente, las cárceles para los criminales surgieron como una reacción contra el carácter bárbaro y los excesos de las penas anteriores.

El invento de las prisiones tal como las conocemos  es estadounidense, más precisamente de los cuáqueros de Pennsylvania de la última década del siglo XVIII.  Con su penitenciaria, los cuáqueros pretendían que los delincuentes se arrepintieran y  aprovecharan los efectos edificantes de los preceptos  de las Escrituras y la lectura solitaria de la Biblia. “Las prisiones crecieron y florecieron por toda Norteamérica, y después por todo el mundo; son un difundido producto norteamericano de exportación. Los cuáqueros norteamericanos tienen el mérito o la culpa de haber inventado la prisión.”

Destaca Morris que, sin embargo, hoy existe un consenso entre los estudiosos de la materia,  comentaristas y los presidiarios en el sentido de que es urgente un cambio radical que conduzca a un nuevo modelo de pena de prisión. La pena, señalan, se ha usado demasiado, ha discriminado, entre razas y entre las clases, se han impuestos condenas demasiado largas, y demasiadas de ellas han sido cumplidas en condiciones degradantes y embrutecedoras. “Existe un tendencia generalizada por el batimiento gradual, si no por la abolición, de la pena de prisión”.

¿Pero de qué manera encaminarse hacia ese destino?, cuestiona Morris. Por tres vías: “Primero, deben reducirse los ‘excesos’ de las leyes penales. Segundo, quienes de otro modo se enviarían a la cárcel, deben ser sometidos a otros mecanismos de control social. Y en tercer lugar, debe depositarse mayor confianza en los correctivos de base comunitaria”.